El gobierno de Perú oficializó la declaratoria de estado de emergencia por un plazo de 60 días en cinco de los recintos penitenciarios de mayor peligrosidad del territorio andino. La disposición, firmada por la mandataria Keiko Fujimori mediante el decreto supremo número 128-2026-PCM, forma parte de un paquete de choque diseñado para recuperar el control frente a la creciente ola de delincuencia que azota al país.

Cerco perimétrico y restricción de libertades

La normativa autoriza a la Policía Nacional y a los efectivos de las Fuerzas Armadas a desplegar operativos permanentes en un radio de hasta 200 metros alrededor de los límites exteriores de los recintos carcelarios. Para viabilizar estas acciones de inteligencia e impedir el tráfico de armas, fugas o motines, han quedado temporalmente suspendidos los derechos fundamentales a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro señalado.

Los establecimientos intervenidos bajo este régimen excepcional son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Trujillo Varones (La Libertad), junto a Miguel Castro Castro y Ancón I, ambos ubicados en Lima. Según los informes oficiales, alrededor del 50 % de la población recluida en estas instalaciones corresponde a cabecillas y mandos medios del crimen organizado, convirtiendo estos puntos en bases operativas para coordinar sicariato, narcotráfico y extorsiones en el exterior.

Ofensiva contra las telecomunicaciones ilegales

El eje central de la estrategia se enfoca en cortar de forma definitiva el contacto de las bandas con el mundo exterior. Las fuerzas del orden tienen la orden de decomisar teléfonos móviles, tarjetas SIM y coordinar la remoción de antenas de telecomunicaciones no autorizadas emplazadas en las inmediaciones de los centros penales. La vigilancia se extenderá también al control del espacio aéreo para evitar el envío de suministros ilegales con tecnología como drones.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, precisó que la medida no representa una militarización interna de los penales, ya que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantendrá la custodia intramuros, garantizando el apego a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo adelantó que supervisará el desarrollo de los operativos para velar por los derechos de la ciudadanía.

Un sistema penitenciario al límite

La medida gubernamental responde a un contexto de crisis profunda. El sistema penitenciario peruano enfrenta un nivel de sobrepoblación del 156 % y un déficit de personal de vigilancia estimado en un 45 %. La degradación carcelaria coincide con un recrudecimiento de la violencia a nivel nacional: los homicidios pasaron de casi 1,000 en 2018 a unos 2,600 en 2025, mientras que las denuncias de extorsión se multiplicaron drásticamente, pasando de 3,200 a más de 26,500 en el mismo periodo.

El impacto de este fenómeno no solo golpea la tranquilidad social, sino también las finanzas públicas. Estimaciones del Ministerio de Economía indican que el costo de la inseguridad ciudadana asciende a unos 5,000 millones de dólares al año, lo que representa cerca del 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) peruano.