La dirigente opositora venezolana María Corina Machado fijó una posición contundente frente al reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, manifestando que el anuncio ha provocado una mezcla de incertidumbre, indignación y preocupación en la ciudadanía. De acuerdo con la líder política, la falta de detalles sobre el alcance del convenio genera serias dudas sobre su conveniencia para el futuro del país.

Machado cuestionó de forma enérgica el hermetismo alrededor de esta negociación, advirtiendo que aún no se han hecho públicos los términos contractuales, quiénes rubricaron el documento, el origen exacto de los capitales ni las garantías ofrecidas a los inversionistas. “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, sentenció, al tiempo que subrayó que toda alianza con Washington —a quien considera un socio estratégico indispensable— debe cimentarse en la transparencia, el beneficio mutuo y el Estado de derecho.

Condiciones más allá del capital

Para la dirigente, la inyección financiera en el sector de los hidrocarburos no resolverá por sí sola la profunda crisis que atraviesa Venezuela si no se atienden las fallas estructurales. Recalcó que cualquier proyecto de gran envergadura necesita sostenerse sobre garantías que hoy no existen, tales como:

• Seguridad jurídica e institucional para blindar las inversiones frente a la discrecionalidad política.
• Recuperación del sistema eléctrico nacional y optimización de la infraestructura portuaria.
• Respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos y certidumbre para el sector privado.

En ese sentido, Machado recordó la propuesta que expuso recientemente en la conferencia energética CERAWeek en Houston, basada en cinco ejes: un marco legal transparente, una entidad reguladora independiente de hidrocarburos, licitaciones abiertas, un régimen tributario competitivo y mecanismos de arbitraje internacional. A su juicio, solo este esquema permitirá dinamizar áreas clave como la educación, la tecnología y los servicios esenciales.

La líder opositora concluyó enfatizando que los recursos generados por la industria energética deben traducirse en soluciones reales y urgentes para la población, garantizando el acceso a medicinas, agua potable y energía confiable, metas que considera imposibles de alcanzar de manera sostenible sin un cambio democrático plenamente legitimado en las urnas.