La escena no tardó en sacudir el debate político y social en Colombia: el presidente Abelardo de la Espriella, enfundado en su habitual postura de orden y firmeza, caminando entre los cuerpos de presuntos guerrilleros abatidos durante una incursión militar. El material, grabado tras una operación en el departamento del Guaviare donde murieron 23 presuntos disidentes de las FARC y dos menores de edad, forma parte de un audiovisual de siete minutos divulgado por el propio mandatario para detallar los resultados bélicos de su administración.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el mandatario replicó la fórmula apenas dos días después con imágenes similares tras un operativo en La Guajira contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su círculo cercano. Para diversos analistas políticos, esta puesta en escena representa un quiebre radical frente a la política de negociación de su antecesor, Gustavo Petro, consolidando la promesa de campaña con la que De la Espriella conquistó el poder: proyectar un control férreo del Estado y enviar un mensaje inequívoco de intimidación hacia las estructuras criminales.

Tensión institucional y dilemas éticos

La estrategia visual del Ejecutivo encontró una resistencia inmediata desde los organismos de derechos humanos y la oposición. La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó duramente la exhibición, señalando que el Estado no puede entrar en una competencia de crueldad y recordando que la dignidad humana prevalece incluso en el marco del conflicto armado. A las críticas se sumaron voces como la senadora María José Pizarro, quien calificó el acto de "necrofilia mediática", y la excandidata presidencial Claudia López.

No obstante, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, salió al paso de los señalamientos argumentando que equiparar el deber constitucional de las Fuerzas Armadas con la barbarie narcoterrorista es un error de interpretación. Desde el seno del gobierno sostienen que el deber de las autoridades es exhibir con contundencia la neutralización de aquellos que ejercen la violencia armada contra la población civil.

La ola regional del discurso de fuerza

El recurso de apelar a la contundencia gráfica no es ajeno a la historia colombiana —evocado en operativos históricos de la época de Pablo Escobar o durante la presidencia de Álvaro Uribe—, pero también encaja con una tendencia continental contemporánea. Modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador, caracterizados por la difusión masiva del sometimiento de pandilleros, han pavimentado el camino para que líderes de la región legitimen una estética de combate explícito.

Sin embargo, expertos en resolución de conflictos advierten sobre los riesgos que implica revivir una política fundamentada en el conteo de bajas en un país con las heridas históricas de Colombia. Si bien la narrativa responde a las demandas de seguridad de amplios sectores de la sociedad, la sobreexposición de la muerte en el discurso oficial corre el riesgo de desdibujar los límites institucionales y reavivar los capítulos más sombríos de la violencia estatal.