En medio de la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, las autoridades judiciales han endurecido de manera drástica las sanciones contra quienes atentan contra la infraestructura del Sistema Electro-energético Nacional (SEN). La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que entre 2025 y la primera mitad de 2026 se han abierto más de 460 expedientes penales por delitos vinculados a sabotaje, robo con fuerza, hurto, receptación y daños a los componentes eléctricos.

Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular catalogó legalmente como sabotaje cualquier acto vandálico que afecte o sustraiga partes vitales de la red energética. Esta tipificación ampara la aplicación de los artículos 125 y 126 del Código Penal cubano, que contemplan condenas que van desde los siete hasta los 30 años de prisión, reclusión perpetua e incluso la pena de muerte. Durante los procesos concluidos en 2026, la mayoría de los acusados han recibido condenas severas que oscilan entre los nueve y 20 años de privación de libertad, mientras que al 87% de los imputados se les dictó prisión provisional como medida cautelar.

Sustracción de materiales y riesgos mortales

Entre las modalidades delictivas más recurrentes destaca la extracción ilegal de aceite dieléctrico de los transformadores y el desmantelamiento de angulares en torres de alta tensión, acumulando más de 300 denuncias a nivel nacional en el último año. Las provincias con mayores incidencias registradas son Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.

Las autoridades también han documentado el corte masivo de cables conductores, robo de tornillería en las redes de distribución y actos de vandalismo en parques solares fotovoltaicos. De manera trágica, se reportó que varios individuos perdieron la vida electrocutados al intentar desvalijar líneas de alta tensión mientras se encontraban energizadas.

Un contexto de colapso energético

La persecución implacable a estos delitos ocurre en el marco del severo deterioro que experimenta el suministro eléctrico en la isla desde mediados de 2024. El país acumula doce apagones generales en un lapso de 24 meses —siete de ellos registrados únicamente en lo que va de 2026—, provocados por una infraestructura obsoleta, falta de inversión y la severa escasez de combustible. Ante este panorama, el gobierno ha catalogado la protección de la red eléctrica y de los servicios básicos como una prioridad de seguridad nacional.