Una profunda transformación en la doctrina de seguridad hemisférica ha tomado fuerza desde Washington. A través de sucesivas resoluciones del Departamento de Estado, la administración de Donald Trump ha formalizado la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a una veintena de estructuras criminales que operan desde el Caribe hasta el Cono Sur, bajo el argumento de cortar de raíz el tráfico transnacional de drogas y proteger su territorio.

Esta calificación jurídica ha traspasado las sanciones financieras tradicionales para abrir paso a acciones de fuerza directa. Entre septiembre de 2025 y las primeras semanas de 2026, las Fuerzas Armadas estadounidenses han ejecutado al menos 75 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, intervenciones que han dejado un saldo superior a las 220 muertes. Para la diplomacia norteamericana, encabezada por Marco Rubio, se trata de una campaña integral orientada a sofocar el financiamiento y la operatividad de los que consideran narcoterroristas.

El epicentro mexicano y la presión sobre Venezuela

En México, el radar de las designaciones abarcó a los gigantes del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por la producción masiva de fentanilo, metanfetaminas y el uso de armamento bélico, incluidos drones con explosivos. La lista se extendió a facciones regionales como Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Los Viagras y el Cartel de Juárez, así como al Cartel del Golfo y el Cartel del Noreste, este último caracterizado por su brutal violencia táctica heredada de Los Zetas.

En el caso venezolano, la Casa Blanca puso el foco sobre el Tren de Aragua, organización carcelaria convertida en red criminal transnacional que extendió sus tentáculos a Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos. De igual forma, el denominado Cartel de los Soles fue incluido formalmente en la lista de terrorismo, señalando a la cúpula estatal liderada por Nicolás Maduro de instrumentalizar las estructuras militares y judiciales del país sudamericano para el trasiego ilícito, señalamientos que Caracas ha rechazado categóricamente.

Centroamérica, la crisis haitiana y el Cono Sur

El alcance de las medidas también impactó severamente a Centroamérica y el Caribe insular:

• Pandillas transnacionales: La Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 continúan en el centro de las prioridades por su historial de violencia y control territorial en El Salvador, Guatemala y Honduras.
• Haití: En medio del colapso institucional en la isla vecina, fueron declaradas organizaciones terroristas las coaliciones Viv Ansanm —liderada por Jimmy Cherizier— y la pandilla Gran Grif, responsabilizadas de masacres civiles y ataques directos contra misiones internacionales.
• Ecuador y Colombia: En territorio ecuatoriano, bandas aliadas a carteles mexicanos como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers fueron marcadas como objetivos de primer orden. En Colombia, el Departamento del Tesoro sumó al Clan del Golfo (Ejército Gaitanista), estructurado a partir de remanentes paramilitares.
• Brasil: Las dos principales facciones carcelarias del gigante suramericano, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), fueron igualmente incorporadas por su capacidad de fuego y ramificaciones internacionales.

La catalogación de estas estructuras como terroristas no solo modifica su estatus judicial internacional, sino que redefine los márgenes de soberanía y cooperación policial en todo el continente, consolidando una era de mano dura estadounidense frente a la criminalidad organizada.