Una simple falta en el llenado de un documento o una vieja infracción de tránsito ocurrida hace más de una década se han convertido en motivos suficientes para que jóvenes amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) enfrenten órdenes de expulsión en los Estados Unidos, pese a haber vivido casi toda su vida en ese territorio y mantener historiales limpios.

Sueños truncados por un error de forma

Uno de los casos más alarmantes es el de Roberto Navarro Valenzuela, un joven mexicano de 24 años que cursa la carrera de mecánica espacial en la Universidad de Arizona. Navarro llegó a suelo estadounidense con apenas 18 meses de edad. Tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense, inició los trámites para regularizar su estatus migratorio; sin embargo, las autoridades rechazaron su solicitud alegando un supuesto error al firmar el formulario de cambio de estatus.

Navarro también mantenía una solicitud de DACA en trámite desde 2021, la cual quedó paralizada tras las restricciones impuestas por tribunales federales. Pese a haber sido donante de médula ósea para su hermana menor —quien lamentablemente falleció de cáncer— y mantener un expediente intachable, ahora enfrenta una audiencia migratoria que podría definir su expulsión forzosa.

El peso de infracciones pasadas

Una situación similar afecta a Myndy Valencia Sánchez, de 29 años, quien reside en Estados Unidos desde los siete años. Aunque cuenta con la protección de DACA vigente hasta enero próximo, recibió una notificación de proceso de deportación debido a una falta de tránsito cometida hace más de 15 años por conducir sin licencia, cuando aún era menor y no existía el programa.

Valencia sostiene que desde que obtuvo su amparo migratorio sacó su permiso de conducir reglamentario, paga impuestos y carece de antecedentes criminales, por lo que califica la medida de desproporcionada e inesperada.

Cuestionamientos a las políticas de control migratorio

Abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes, como el jurista Maurice Goldman, han denunciado el endurecimiento y la rigidez de los criterios aplicados por los tribunales y agencias federales, señalando que se están utilizando tecnicismos mínimos para reactivar procesos de expulsión.

De acuerdo con datos oficiales entregados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a legisladores, decenas de beneficiarios de DACA sin antecedentes penales han sido deportados y cientos más han terminado bajo custodia de las autoridades migratorias, una tendencia que organizaciones civiles como el American Immigration Council continúan documentando con creciente preocupación.