Tras la devastadora riada que azotó el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong, en el suroeste de China, crecen las alertas internacionales debido al estricto cerco informativo impuesto por las autoridades de Pekín. De acuerdo con denuncias de Human Rights Watch (HRW), el gobierno chino ha recurrido una vez más a la censura sistemática y al control de la narrativa pública, impidiendo que se escuchen los testimonios directos de los damnificados y restringiendo el acceso a periodistas y observadores independientes.

Una narrativa bajo control estatal

El organismo de derechos humanos advirtió que la cobertura en las plataformas y medios chinos replica un patrón habitual en situaciones de emergencia: destacar casi de manera exclusiva los balances oficiales, la entrega de ayuda y el despliegue de las fuerzas de rescate, mientras que el dolor y los reclamos de los familiares permanecen prácticamente invisibilizados.

Informes recabados indican que a diversos reporteros se les ha obstaculizado el paso a la zona del desastre y se les ha prohibido entrevistar a las familias de los afectados. La región del Tíbet, bajo estricto control chino desde la década de 1950, ya cuenta con fuertes restricciones de acceso; sin embargo, tras el siniestro, las autoridades suspendieron la emisión de permisos especiales para transitar en áreas fronterizas del municipio de Shigatse, incluyendo Gyirong, justificando la medida bajo argumentos de seguridad y riesgos de desastres secundarios.

Censura en plataformas digitales

El control informativo también se ha hecho evidente en el ecosistema digital local. Aunque fuera de China se viralizó un video de seguridad que muestra la fuerza destructiva con la que el torrente arrasa el complejo del paso fronterizo de Gyirong, dicha grabación completa no figura en las búsquedas de las principales aplicaciones del país, como Douyin (la versión local de TikTok), Xiaohongshu o WeChat.

En su lugar, los algoritmos y la moderación de las plataformas locales solo permiten visualizar animaciones reconstruidas, fragmentos editados o tomas posteriores al impacto, limitando el acceso ciudadano a la magnitud real del evento. Defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa insisten en la urgencia de levantar el cerco para permitir que la asistencia independiente y la verdad de los hechos prevalezcan en la zona afectada.