El gobierno de los Estados Unidos elevó de manera contundente el tono diplomático frente a Nicaragua. A través de una declaración emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, la administración estadounidense exhortó a sus aliados internacionales a cesar de inmediato cualquier trato habitual con el régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La enérgica reacción de Washington se produce luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara una medida que prohíbe de forma definitiva la participación de candidatos opositores en futuras elecciones. Rubio fustigó esta maniobra legislativa, asegurando que la acción terminó de sepultar lo que calificó como la «ficción de la democracia» en territorio nicaragüense.

Consecuencias diplomáticas y comerciales

El jefe de la diplomacia norteamericana remarcó que los gobiernos autoritarios que pisotean sistemáticamente las libertades fundamentales de su ciudadanía no pueden aspirar a conservar las mismas prerrogativas que aquellos comprometidos con la estabilidad hemisférica. «Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad», puntualizó el funcionario.

El control del binomio Ortega-Murillo sobre las instituciones y la sociedad civil se ha consolidado con mano de hierro desde las intensas protestas de 2018, cuya represión estatal cobró más de 300 vidas, según cifras de las Naciones Unidas, y provocó un éxodo masivo de miles de personas hacia el exilio.

Movilización en la OEA

Frente a este escenario, Washington ha intensificado las sanciones individuales y la coordinación con sus socios en América Latina. La diplomacia estadounidense reiteró su determinación de continuar denunciando los atropellos a los derechos humanos del régimen en escenarios multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En este contexto, la OEA aprobó recientemente la convocatoria urgente a una reunión de cancilleres del continente para evaluar la crisis en Nicaragua, una medida de carácter extraordinario que tendrá sus próximos pasos formales definidos en las sesiones del Consejo Permanente del organismo.