El proceso para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos ha sumado un nuevo nivel de escrutinio financiero. A partir de la reciente actualización del formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), las autoridades federales cuentan con autorización expresa para consultar el historial crediticio de los solicitantes y sus garantes económicos.

Esta modificación busca corroborar de manera directa y fidedigna que los ingresos y activos declarados bajo juramento coincidan con el comportamiento financiero real registrado en las principales centrales de riesgo crediticio del país norteamericano.

Alcance y criterios de evaluación financiera

De acuerdo con la abogada especialista en derecho migratorio, Patricia Polanco, la inclusión de esta cláusula no establece por el momento una tabla de puntaje crediticio mínimo ni mecanismos de negociación específicos ante un mal récord. La base principal para evaluar la suficiencia económica sigue siendo que los ingresos anuales del peticionario o patrocinador superen el 125 % de las guías federales de pobreza, un umbral que varía según el número de dependientes en el hogar.

No obstante, la especialista advierte que la revisión del crédito brindará a los oficiales de inmigración una perspectiva más amplia sobre las obligaciones financieras y el nivel de endeudamiento del garante.

Advertencia sobre créditos bloqueados

Un aspecto operativo crucial señalado por Polanco involucra a las personas que mantienen su reporte crediticio congelado o bloqueado por motivos de seguridad contra fraudes. En estos casos, USCIS podrá exigir el desbloqueo temporal del expediente para acceder a la información, lo que inevitablemente provocará retrasos en los tiempos de evaluación y respuesta del trámite migratorio.

Con esta medida, las autoridades estadounidenses refuerzan los filtros para asegurar que quienes ingresen al país bajo patrocinio familiar cuenten con un respaldo económico sólido y verificable, reduciendo el riesgo de que los nuevos residentes se conviertan en una carga pública.