Washington amplía su controversial esquema de deportaciones

El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha intensificado notablemente su política de expulsión de migrantes hacia terceros países. En las últimas semanas, las autoridades federales han coordinado el traslado forzoso de ciudadanos procedentes de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Afganistán, Irán, Nepal y Turquía hacia diversos destinos en el continente africano.

Mediante operativos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se han fletado al menos tres vuelos con más de 100 inmigrantes con destino a ocho naciones africanas: Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona. Los registros del operativo confirman que ninguno de los individuos transportados fue reubicado en su país de origen.

Perfil de los expulsados y convenios diplomáticos

Dentro del grupo de personas deportadas figuran individuos con antecedentes penales, aunque una parte considerable de los afectados no cuenta con récord criminal más allá de haber permanecido en situación irregular dentro del territorio estadounidense.

Esta táctica forma parte de una red de acuerdos internacionales que la Casa Blanca ha venido tejiendo. Actualmente, más de 30 Estados alrededor del mundo han suscrito compromisos para recibir a deportados que no son sus connacionales, destacándose en la región latinoamericana países como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay.

Aceleración de la agenda migratoria

Desde su retorno al poder, la actual administración estadounidense ha priorizado la agilización de las deportaciones masivas como parte central de sus compromisos gubernamentales. La triangulación con terceros países se ha convertido en una vía estratégica para eludir los obstáculos diplomáticos que habitualmente impiden la repatriación directa a países con los que Washington mantiene relaciones diplomáticas fracturadas o inexistentes.