El tablero geopolítico entre Washington y Caracas acaba de experimentar un giro tan pragmático como controvertido. Durante casi una década, el magnate venezolano Alejandro Betancourt figuró en el centro de complejas pesquisas del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculadas a presuntos desvíos de fondos y blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Sin embargo, ese expediente ha quedado archivado para abrir paso a un nuevo rol: el de articulador y socio indispensable en el plan energético más ambicioso de la administración de Donald Trump.

Un giro tras la caída de Maduro

El punto de inflexión definitivo ocurrió tras la sorpresiva operación militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Casi de inmediato, emisarios de alto nivel de la Casa Blanca y el secretario de Estado, Marco Rubio, establecieron contacto con Betancourt para aprovechar sus conexiones directas con los cuadros de poder que permanecieron en el Palacio de Miraflores, particularmente con el sector encabezado por Delcy Rodríguez.

El resultado de estas gestiones no tardó en cristalizarse. Washington anunció un proyecto de gran envergadura donde la firma de Betancourt figura como aliada operativa del Pentágono, con el objetivo de asegurar y supervisar el aprovechamiento de cerca de 65.000 millones de barriles de crudo en territorio venezolano. Paralelamente, las fiscalías federales en Miami dieron por concluidas las indagaciones en su contra, allanando el terreno diplomático y de visado para sus constantes traslados entre Europa y Estados Unidos.

Entre la "Operación Money Flight" y la diplomacia reservada

Betancourt, señalado durante años como una de las figuras prominentes del sector empresarial beneficiado por contratos estatales durante las gestiones de Hugo Chávez y el propio Maduro, acumuló tensiones con los tribunales internacionales. En 2018, la llamada Operación Money Flight en el Distrito Sur de Florida expuso un esquema multimillonario de lavado a través de bienes raíces e inversiones de fachada, donde allegados al empresario fueron procesados, aunque Betancourt nunca recibió una acusación formal directa.

La defensa legal de Betancourt siempre ha sostenido su inocencia, argumentando que nunca existieron pruebas de que participara con conocimiento en desvíos ilícitos. Al mismo tiempo, sus vínculos con Washington tampoco son del todo nuevos: a finales de 2019, su entonces abogado Rudy Giuliani promovió acercamientos preliminares mientras Betancourt colaboraba financieramente con facciones de la oposición venezolana encabezadas en aquel momento por Juan Guaidó.

La postura de la Casa Blanca

Frente a los cuestionamientos sobre el historial del empresario, Marco Rubio y funcionarios de la Casa Blanca han defendido con firmeza la alianza. Argumentan que Betancourt fue sometido a revisiones exhaustivas y que no mantiene procesos pendientes ante la ley estadounidense.

Para el gobierno de Trump, la prioridad estratégica descansa en estabilizar la industria energética del país sudamericano tras años de crisis económica e hiperinflación, garantizando a la vez una cuota sin precedentes de influencia sobre los mayores depósitos de hidrocarburos del continente.