El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue condenado a cinco años de prisión por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tras ser declarado culpable del delito de cohecho. Las investigaciones determinaron que el exmandatario gestionó y recibió sobornos para viabilizar el financiamiento y desarrollo del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la mayor central de generación eléctrica del país suramericano, adjudicada a la constructora china Sinohydro.

Además de la privación de libertad, la sentencia dictaminó la inhabilitación perpetua de Moreno para ejercer cargos públicos. Los magistrados concluyeron que durante su etapa como vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, Moreno se extralimitó en sus funciones para favorecer las operaciones de la firma asiática, canalizando beneficios económicos hacia su entorno íntimo y familiar a través de un entramado de intermediarios.

Familiares y allegados también resultaron sentenciados

El fallo judicial abarcó a una veintena de personas involucradas en la red de corrupción. La esposa del exgobernante, Rocío González; su hija Irina Moreno; sus hermanos Edwin y Guillermo; y su cuñada Marta González fueron sentenciados a dos años y seis meses de prisión. Paralelamente, su amigo y empresario Conto Patiño, así como el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, recibieron penas idénticas a la de Moreno, fijadas en cinco años de cárcel.

La Fiscalía General demostró que Sinohydro repartió cerca de 76 millones de dólares en sobornos para asegurar la ejecución de la obra con el respaldo financiero del Eximbank, de los cuales más de un millón de dólares fueron destinados al círculo familiar del expresidente.

Reparación económica y apelación en camino

Como parte de la condena, Moreno deberá restituir al Estado el triple de la suma ilícita percibida, equivalente a unos 58,026 dólares, monto que sus familiares también deberán saldar en la misma proporción. Los jueces ordenaron igualmente la emisión de disculpas públicas y la suspensión de sus derechos políticos y de participación ciudadana.

Por su parte, Lenín Moreno rechazó las acusaciones asegurando que no recibió fondos de la empresa china y atribuyó el caso a una retaliación política en su contra. Dado que se trata de un dictamen en primera instancia, la defensa técnica de los imputados anunció que recurrirá a los mecanismos de apelación previstos en el marco legal ecuatoriano.