En las aulas del Colegio Moderno Alarid, en Ciudad de México, el cambio de época se percibe en cada ordenanza. Donde antes resonaba un marcial «¡Cadetes, en orden!», hoy los docentes corrigen el llamado hacia un civil «¡Discentes!». Los uniformes de gala y camuflaje han sido guardados, y los saludos castrenses a la dirección van quedando en el pasado por disposición oficial. Este plantel es solo uno de las decenas de centros en México que han debido desmontar apresuradamente su estructura marcial luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohibiera de forma tajante el modelo de educación militarizada en el sector civil.

La medida gubernamental, ratificada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene que la instrucción militar es potestad exclusiva de las Fuerzas Armadas y carece de sustento legal en planteles educativos regulares. La decisión llegó como respuesta directa a una tragedia que conmocionó al país: la muerte de Dafne Zapata, una estudiante de apenas 13 años que perdió la vida en un campamento militar en Tamaulipas por asfixia por sumersión. El hecho, investigado por las autoridades ministeriales bajo la figura de presunto feminicidio y tortura, cuenta ya con tres personas detenidas y encendió las alarmas nacionales sobre la falta de supervisión en estas academias.

Un historial de abusos normalizados

El fallecimiento de Dafne destapó un historial que llevaba años gestándose en un limbo regulatorio. En 2023, Zamir Pinto, de 16 años, pereció a causa de múltiples contusiones abdominales dentro del Colegio Militarizado Aztlán, en el Estado de México. Más recientemente, en Morelos, Érick Terán Torbellín, también de 13 años, falleció tras ser presuntamente arrastrado y golpeado con severidad por una instructora en un campamento de la Academia Ollin. Durante décadas, estas instituciones operaron al margen de auditorías rigurosas, situadas en una zona gris entre la supervisión civil y el rigor de los cuarteles.

La controversia trasciende a las academias privadas y toca las raíces de la formación castrense tradicional mexicana. En el emblemático Heroico Colegio Militar, institución de élite de las Fuerzas Armadas, las recurrentes denuncias por brutales «novatadas» contra los recién ingresados han marcado a generaciones de cadetes. Especialistas en salud mental y seguridad advierten que estas prácticas extremas, lejos de forjar el carácter del estudiante, tienden a generar cuadros de estrés postraumático, hiperreactividad y predisposición a conductas violentas.

Rechazo y el peso de una cultura marcial

El fin por decreto de estas escuelas no ha estado exento de tensiones sociales. La disposición provocó una caída de hasta un 50% en las matrículas de varios recintos e impulsó el cierre definitivo de otros. En localidades como Puebla y Zacatecas, grupos de padres de familia se lanzaron a las calles para bloquear vías públicas, alegando que el modelo castrense dotaba a sus hijos de disciplina, valores éticos y resguardo ante la delincuencia, quejándose además del reemplazo de materias marciales por contenidos como inteligencia artificial o educación financiera.

El desafío para México va más allá de cambiar un currículo: se trata de desarmar un imaginario fuertemente impregnado en la identidad nacional. Desde los honores semanales a la bandera que son obligatorios en todas las escuelas del país, hasta el fervor cívico del desfile de independencia, la liturgia militar está estrechamente ligada a la vida cotidiana de la sociedad. Mientras directores y docentes intentan conservar conceptos como el honor y la perseverancia sin recurrir a métodos represivos, el sistema educativo mexicano afronta la difícil tarea de demostrar que la disciplina no necesita de castigos ni botas para formar ciudadanos de bien.