El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra el oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, tras determinarse que mintió sobre los sucesos en los que terminó disparando contra un ciudadano venezolano a comienzos de este año. La medida representa un precedente poco común, al ser la primera ocasión en que las autoridades federales imputan a un agente migratorio por acciones cometidas en pleno ejercicio de sus funciones operativas.

Un giro radical en las acusaciones

En un principio, la narrativa oficial señalaba al joven venezolano de 24 años, Julio César Sosa-Celis, y a otro acompañante, como agresores que supuestamente intentaron atacar a los oficiales de ICE utilizando una pala para nieve y el palo de una escoba. Con ese argumento, la fiscalía formuló cargos contra los inmigrantes. Sin embargo, las pesquisas dieron un vuelco total cuando los investigadores accedieron a las grabaciones de cámaras de seguridad del área, las cuales desmintieron de plano el relato presentado por Castro bajo juramento, lo que forzó la anulación de las imputaciones contra Sosa-Celis.

La reconstrucción del incidente

De acuerdo con las investigaciones radicadas en Minnesota, el altercado se desató cuando los agentes de migración intentaron interceptar una camioneta vinculada a un indocumentado identificado como Joffre Barrera. El vehículo era conducido por Alfredo Alejandro Aljorna, repartidor de plataformas y primo de Sosa-Celis. Tras ser abordado, Aljorna intentó escapar hacia la residencia de su familiar.

Sosa-Celis auxilió a su primo para que ingresara a la vivienda, pero mientras aseguraba la entrada, el agente Castro abrió fuego a través de la puerta cerrada, impactando al joven en la parte posterior de la pierna. El propio afectado confirmó haber sentido el impacto de bala mientras pasaba el pestillo para resguardarse.

Proceso judicial y tensión interestatal

Castro no solo enfrenta este nuevo expediente federal por falsedad de declaraciones, sino también acusaciones estatales en Minnesota por agresión agravada y radicación de informes fraudulentos. Tras los hechos, tanto él como un segundo agente involucrado fueron separados de sus puestos bajo licencia administrativa.

El caso además generó roces políticos recientes luego de que Castro fuera liberado de una prisión en Texas, debido a que el gobernador de dicho estado no autorizó de forma inmediata su extradición hacia Minnesota. Entre tanto, las autoridades federales continúan evaluando si añadirán cargos adicionales por violaciones a los derechos civiles.